Una de las pruebas de que la convocatoria del 25-S no supone un avance político de los de abajo es el recelo que ha despertado entre muchísimos de los activistas que vienen organizando y apoyando otras convocatorias. No ha sido una convocatoria compartida, algo imprescindible en una sociedad que lleva más de un año en movimiento y con estructuras cada vez más capaces de poner en marcha movilizaciones que en otro tiempo nos parecerían imposibles (como convocatorias masivas en pleno verano). Eso no sólo es torpe sino que fomenta la sospecha. Primero se lanzó una convocatoria, después ha habido diversas reuniones con activistas sociales en las que, parece, no se trataba de compartir la convocatoria sino de explicarla: la convocatoria está ahí y uno se puede sumar, pero no parece que haya mucha flexibilidad en la convocatoria.
No me parece un gran problema hacer convocatorias frente al Congreso ni frente a Moncloa ni mucho menos frente a las sedes de los partidos políticos. En otros países eso es perfectamente habitual mientras en España, seguramente por ese blindaje de la política tan de la Transición, casi se equipara protestar en esos lugares con golpismo. Dicho esto es cierto que la retórica usada en la convocatoria (toma el Congreso, ocupa el Congreso…) es torpemente ambigua y permite identificar la convocatoria con la larga trayectoria golpista española (del legendario caballo de Pavía al tricornio de Tejero). Ello sumado a que existe una evidente tensión social entre quienes quieren focalizar el cabreo popular sólo en los políticos y quienes señalamos como culpables al poder económico y como cómplices a los títeres políticos, mediáticos, judiciales, etc . Quienes pensamos que ya no hay siquiera democracia representativa no podemos pensar que por rodear el núcleo de la representación pondremos en jaque a un régimen al que el Congreso ya sólo le sirve de aburrido teatrillo.
El régimen de la Transición está en demolición. Se resquebraja mientras están montando un nuevo régimen por arriba, entre los poderosos, al menos desde la reforma de la Constitución del 78 del verano pasado. Cada vez resulta más evidente y es más compartido que es estéril fabricar la diferenciación entre la crisis económica y la crisis política que vivimos: es una crisis de régimen. En esa situación hay dos opciones: o el cambio se sigue realizando por arriba contra las capas populares o es una amplia mayoría popular la que organiza un proceso constituyente horizontal y democrático. Pero ese proceso constituyente no se decreta: no llegará sin una enorme acumulación de fuerzas sociales para la construcción de ese nuevo modelo de país. La convocatoria pide la dimisión del gobierno en pleno y la convocatoria de un proceso constituyente. Ambas peticiones son absolutamente legítimas pero chocan con la evidencia de que tal no va a suceder este 25 de septiembre porque haya una convocatoria en el Congreso y menos si ésta no suscita ni mucho menos cohesión entre la disidencia.
Una acción, digamos, revolucionaria no debe sólo ser legítima, sino también eficaz, es decir, servir más al avance popular que a su retroceso. Para que una acción tan presuntamente audaz permitiera avanzar debería tener muchísimo respaldo popular, generar gran cohesión en el movimiento y servir al deterioro de la legitimidad de los títeres de esos mercados cuya supervivencia pasa por recortes cada vez más agresivos de nuestros derechos. Por poner el ejemplo más reciente: la acción del SAT, mucho menos arriesgada estéticamente (entre ocupar un Mercadona y ocupar el Congreso hay ciertas diferencias) cortocircuita al sistema económico, político y tertuliano porque pone sobre la mesa el conflicto entre los ladrones con corbata e indulto que se escandalizan por cuatro carritos de la compra no pagados frente la pobreza y el hambre que se extiende en la sociedad por culpa de esos encorbatados. De eso se lleva hablando desde la acción del SAT, lo que evidencia su éxito.
Que la acción del 25S no genera consenso se evidencia en que amplios sectores del movimiento social ven con enorme recelo la convocatoria. Mientras en el movimiento lo más parecido al apoyo que hay son algunos silencios, existe apoyo entusiasta de grupos arribistas e incluso de extrema derecha. Que estos sectores apoyen no quiere decir nada: si un ultra dice que en agosto hace calor no tengo por qué dejar de afirmar que efectivamente hace calor. Pero que haya generado más rechazo que apoyo en los sectores emancipadores de la movilización sí es un serio problema.
Incluso en el caso de que sí generara unidad no parece que haya condiciones hoy para un salto cualitativo de esta índole: las revoluciones no se decretan, no se decide que el 25 de septiembre va a caer el régimen, las cosas no son así de sencillas por muy estupendos que seamos todos y muy acertados que consideremos nuestros diagnósticos.
Además la convocatoria estéticamente puede generar más apoyo popular a quienes la reprimirán gustosos que a los llamados a participar de la acción: incluso dando por hecho que los convocantes tienen la mejor de las intenciones (hablan de un proceso constituyente popular y democrático posterior a la caída del régimen que parece que van a conseguir el 25S y los días siguientes) la estética de la convocatoria (fundamentalmente, ya digo, lemas del tipo “toma el Congreso”) puede ser interpretada fácilmente como golpismo. No digo que la convocatoria sea golpista sino que puede ser interpretada así.
Entre esa coartada para la creciente represión y la ausencia de base social de la acción lo más probable es que se convierta en una carnicería policial ejemplificadora. Eso tendría una derivada de división hasta ahora inexistente en el movimiento. Es decir, el ministerio del Interior tendría unos malos oficiales (unos golpistas que pretendían tomar la “sede de la democracia” como Tejero) y a la disidencia rechazando a la policía que nos salva de este golpe. Así cabe deducirlo evidentemente de la proliferación de noticias alarmadas en el pesebre mediático. En el mejor de los casos pensar que el régimen caerá porque cerquemos el Congreso durante una semana o un mes es una ensoñación: precisamente uno de los problemas es que el Congreso no es el que toma decisión alguna, que no hay siquiera democracia representativa, que el Congreso es una correa de transmisión de decisiones que se toman en otras sedes. ¿O acaso la reforma express del artículo 135 de la Constitución de hace un año fue una decisión de PSOE y PP que pensaban que era una gran idea supeditar todo gasto público a la prioridad absoluta del pago de la deuda a los bancos alemanes?
Es muy difícil afrontar para todos los sectores críticos una acción como ésta. Sólo habría dos salidas razonables: desconvocar la acción para buscar una nueva con más apoyo o redefinir la convocatoria para eliminar las aristas más complicadas. Tal como está planteada el resultado probable de esta acción es debilitar y dividir a los movimientos de oposición, legitimar socialmente la represión policial y permitir que ésta sea ejemplarizante para cualquiera que se salga de los estrechísimos cauces que nos van permitiendo. Es decir, una convocatoria que será más útil a Cristina Cifuentes que a ese proceso democrático que supuestamente se quiere impulsar. Un chollo, vamos.
Fuente -con posibilidad de comentario-: http://blogs.tercerainformacion.es/...