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41 millones de euros para demoler una urbanización ilegal en Extremadura

Jueves.5 de abril de 2012 914 visitas Sin comentarios
Una macrourbanización de lujo en una isla del pantano de Valdecañas es declarada ilegal, pero el juez obliga a depositar 41 millones de euros para paralizar las obras. #TITRE

VALDECAÑAS | LOS ECOLOGISTAS GANAN LA SENTENCIA

Diagonal

Sara Plaza y María José Esteso Poves / Madrid (Redacción)

“Yo vivía en El Gordo y ahora vivo en una caravana. Me han echado del pueblo”. Éste es el precio que ha tenido que pagar Paca Blanco, activista de Ecologistas en Acción de Extremadura, por luchar contra un gigante: la macrourbanización Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres. El 13 de enero de 2012 un auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura daba la razón a Blanco y a las organizaciones ecologistas Adenex y Ecologistas en Acción. El auto concedía la ejecución provisional de la sentencia de 9 marzo de 2011 que ya declaraba la nulidad del proyecto urbanístico, que se asienta en un espacio considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección Ambiental (ZEPA).

Sin embargo, la organización ecologista deberá pagar una indemnización de 41 millones de euros para la paralización de las obras, según el auto del tribunal emitido tras recurso de casación presentado por la Junta de Extremadura, los alcaldes de los municipios de El Gordo y el Berrocalejo, donde se construye la urbanización, y la promotora. Tras una vista entre las dos partes, el juez fijó esa fianza cautelar, según argumenta el auto, ante el hipotético caso de que el recurso presentado por la promotora sea estimado por el Tribunal Supremo y “para poder ejecutar la sentencia”, algo contradictorio según argumenta Ecologistas en Acción. Esa cantidad es inferior a la requerida por la promotora que solicitaba 368 millones de euros de fianza, argumentado que ya se habían gastado más de 141 millones de euros y se ha ejecutado una parte de las obras. Ecologistas considera la cantidad desproporcionada: “Piden una fianza tan grande para que no podamos pagarla. Nos paralizan”, ha declarado Paca Blanco a DIAGONAL.

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El proyecto en este paraje protegido, contra el que lleva luchando la ecologista Paca Blanco desde hace cinco años, está situado en una isla dentro del pantano de Valdecañas que represa el río Tajo, a 160 kilómetros de Madrid. En este enclave se pretenden construir 550 viviendas de lujo, dos hoteles, un campo de golf de 18 hoyos y un puerto deportivo, entre otros equipamientos. Hoy ya se han levantado 185 chalés, que están habitados, uno de los hoteles de cuatro estrellas previstos y el campo de golf.

PSOE y PP, con la constructora

El 24 de marzo de 2011, cuatro días después de darse a conocer la sentencia que anulaba la macrourbanización, la Junta de Extremadura, gobernada entonces por el PSOE, decidió, con el apoyo del PP –eran los únicos dos partidos con representación autonómica entonces– modificar el artículo 11 de la Ley del Suelo de Extremadura para permitir urbanizar en espacios protegidos, normativa de aplicación incluso de forma retroactiva, lo que daba carta blanca a la constructora para continuar con las obras frente a la decisión de los tribunales.

La apuesta del PSOE y el PP extremeños a favor del proyecto ya había quedado patente en 2007 cuando se iniciaron las obras. Entonces, la Junta de Extremadura declaró la urbanización Proyecto de Interés Regional. Esta figura legal, se ha usado como un ardid por parte de algunos gobiernos autonómicos para blindar macroproyectos urbanísticos, como en el caso de Castilla y León en la Ciudad del Medioambiente, un proyecto similar. Sin embargo, argumentan que los PIR sirven para llevar a cabo obras de “interés público” como hospitales o viviendas de protección oficial. En este caso la Junta de Extremadura declara de interés público una urbanización privada de lujo.

De parte del interés privado

Tras el varapalo de la sentencia, socialistas y populares volvieron a blindar el proyecto. El 24 de marzo de 2011modificaron la Ley del Suelo de Extremadura para permitir urbanizar en espacios protegidos. Meses después, con el PP al frente del Ejecutivo extremeño, y de nuevo con el apoyo del PSOE –y los votos en contra de IU–, los dos grupos mayoritarios vuelven a ratificar las reformas hechas en la ley autonómica que permite construir en espacios de la Red Natura 2000. El proyecto de la macrourbanización llegó a las poblaciones de El Gordo y Berrocalejo y fue presentado con la promesa de dar empleo. Los alcaldes de ambos municipios aprobaron sus Planes Generales de Ordenación Urbana para dar cabida al proyecto de la urbanización en los mismos. Sin embargo, no incluyeron la obligatoriedad de construir viviendas de protección oficial como marca la ley.

Esta lucha ha costado muy caro a Paca Blanco: “Los vecinos, que no tienen trabajo, piensan que va a llegar ‘mister Marshall’ y que les va a dar trabajo. Cuando alguien les dice que ésto no es así y que han invadido un espacio natural, te conviertes en el enemigo”, explica Blanco, que asegura que las obras tienen sólo a diez personas en plantilla. Relata cómo durante cinco años ha sufrido las agresiones de una pandilla de jóvenes, que ya han sido juzgados y condenados a penas menores, y que fueron presuntamente azuzados por algún político para atacarla: “Me han lanzado hasta cócteles molotov, me han amenazado con pintadas en mi casa, he sufrido roturas de cristales, petardos dentro del buzón, etc.”, denuncia la ecologista.

La sentencia obliga a la empresa promotora a devolver el terreno en el que se asienta la urbanización a su estado natural. “Aunque el tribunal nos ha dado la razón a nosotros, ya nada será como antes. En la isla había ciervos, jabalíes y, cuando las aguas subían, las aves aterrizaban en masa. El espectáculo de ver a cientos de grullas llegar, eso ya se ha perdido”, cuenta con impotencia.

El empresario que está detrás del complejo turístico es José María Gea, que se enriqueció en los ‘90 urbanizando la costa de Huelva con la promotora Islantilla. Esta vez ha creado la promotora Marina Isla Valdecañas SA, el arquitecto es Fernando Mendoza y las viviendas se venden en la inmobiliaria Vertical Real State SL. En laweb monarquiaconfidencial. com se publica que esa empresa está vinculada con la familia real a través del hijo de Pilar de Borbón, Beltrán Gómez-Acebo. El propietario de la inmobiliaria es Jaime López-Ibor Alcocer, nieto del psiquiatra franquista Juan José López-Ibor y sobrino del empresario Alberto Alcocer. Las viviendas de lujo cuestan más de 560.000 euros y según la promotora ya han comprado casa el propio Beltrán Gómez- Acebo, otro sobrino del rey, el cantante Carlos Baute y los nietos del marqués de Mondéjar, exjefe de la casa real. Al mismo tiempo, 20 propietarios de las mansiones han denunciado a la constructora por engaño y dos han recurrido a la vía penal alegando estafa.

La organización ecologista pide que se ejecute la sentencia y va a recurrir la indemnización al Tribunal Supremo porque entiende que no se puede exigir una fianza millonaria a una organización conservacionista sin ánimo de lucro que sólo cuenta con las cuotas de sus socios. Además, la indemnización viola el Convenio internacional Aarhus, que en su artículo 9.4 establece el derecho ciudadano al “acceso a la justicia en materia medioambiental sin que su coste sea prohibitivo”, dice José María Trillo abogado de Ecologistas en Acción.


La lucha de Paca Blanco

Paca Blanco portavoz de Ecologistas en Acción de Extremadura. La portavoz de Ecologistas en Acción de Extremadura, Paca Blanco, ha sufrido durante cinco años el acoso y las agresiones de un grupo de vecinos de su pueblo por oponerse a una urbanización ilegal. Blanco ha tenido que dejar su casa y las amenazas continúan. La semana pasada, más de 80 colectivos del Estado español y Portugal pidieron protección policial para la ecologista.

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